Más retroceso jurídico para las víctimas de violencia

Más retroceso jurídico para las víctimas de violencia

Diferentes organizaciones de mujeres defensoras de derechos  humanos  en Nicaragua, continúan  realizando plantones y movilizaciones para exigir justicia en las denuncias de violencia contra mujeres y castigo para los femicidas.

Recientemente se aprobó una reforma a la ley 641 del Código penal, la ley 779 y la ley 406 del Código procesal penal, a través de la cual se incrementan las penas en casos de violencia sexual y femicidios. “Ante este atropello contra la vida de las mujeres, lo que se pretende es invisibilizar los femicidios y profundizar la retardación de justicia para las mujeres de parte del Estado de Nicaragua”, expresan distintos sectores feministas del país.

No es con el incremento de penas a violadores y  asesinos de mujeres que se resolverá la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes; es necesario  que exista una verdadera voluntad política del Estado nicaragüense para incidir con efectividad en disminuir la violencia, manifiestan las defensoras de derechos humanos.

Otra barbarie que se expresa en esa reforma – agregan- es que al nombrar jueces técnicos no especializados en violencia y ante la carencia de equipo específico para ello, esto deriva en revictimización a las mujeres y los procesos serán más extensos para las víctimas de violencia.

“De manera mágica hicieron desaparecer el inciso “H” de la Ley 779, el que expresa que se concurre en femicidio en cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal; de igual forma cercenaron el artículo 9 de la misma ley limitándolo al marco de las relaciones interpersonales de pareja, o sea al ámbito privado exclusivamente”, explicaron ante un medio nacional.

En los primeros seis meses de 2017, se registran en Nicaragua  un total de 23 femicidios y 37 femicidios en grado de frustración,  según el observatorio de la organización Católicas por el Derecho  a Decidir,

“Este es un Estado criminal, porque no está haciendo absolutamente nada para frenar esta tragedia. Los índices de violencia, el odio hacia las mujeres, la saña con que nos matan, no está demostrando cómo el Estado es indiferente ante esta situación”, denunció Magaly Quintana, coordinadora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

2 de julio, 2017.